España ha vivido durante décadas catástrofes, accidentes y atentados que dejaron miles de víctimas. Cambiaron los gobiernos, los partidos y los protagonistas, pero una pregunta sigue acompañándonos: ¿exigimos las mismas responsabilidades cuando gobiernan los nuestros que cuando gobiernan los otros?
Hay fechas que quedan grabadas para siempre en la memoria de un país.
Fechas que no necesitan demasiadas explicaciones porque basta pronunciarlas para recordar el dolor: la colza, el Yak-42, el Prestige, el 11-M, el metro de Valencia, el Alvia de Santiago, las residencias durante la pandemia o la DANA de Valencia.
Detrás de cada una de ellas hubo muertos, heridos, familias destrozadas y ciudadanos que, de un día para otro, descubrieron que su vida jamás volvería a ser la misma.
Pero también hubo gobiernos, administraciones, responsables políticos, investigaciones, decisiones y, en demasiadas ocasiones, años de espera para conocer lo sucedido.
No todas estas tragedias tuvieron el mismo origen. Algunas fueron accidentes, otras catástrofes naturales, otras emergencias sanitarias y una de ellas, el 11-M, el mayor atentado terrorista de la historia de España.
No sería justo atribuirles una misma causa ni repartir responsabilidades sin distinguir los hechos.
Sin embargo, todas plantean una cuestión que debería estar por encima de cualquier ideología: ¿qué hicieron las instituciones para prevenirlas, cómo reaccionaron cuando ocurrieron y qué responsabilidades asumieron después?
La colza: cuando el peligro llegó a la mesa.
En 1981, miles de españoles comenzaron a enfermar por el consumo de aceite de colza desnaturalizado, comercializado fraudulentamente para uso alimentario.
La intoxicación provocó una tragedia sanitaria de enormes dimensiones, con miles de afectados y un número de fallecidos que fue aumentando a lo largo de los años.
El desastre puso de manifiesto graves deficiencias en los controles y en la protección de los consumidores.
Aquellas familias no necesitaban saber qué partido gobernaba. Necesitaban médicos, respuestas y garantías de que nadie volvería a envenenarse por comprar un alimento.
La responsabilidad directa del fraude correspondía a quienes participaron en él, pero también se plantearon responsabilidades del Estado por sus obligaciones de vigilancia y control.
Porque gobernar no consiste únicamente en aprobar leyes. También consiste en hacer que se cumplan.
El Prestige: una marea negra y muchas preguntas.
En noviembre de 2002, el petrolero Prestige sufrió una avería frente a las costas gallegas. Su hundimiento desencadenó una de las mayores catástrofes medioambientales de nuestra historia.
Las imágenes de las playas cubiertas de fuel, los pescadores desesperados y los miles de voluntarios que limpiaron las costas dieron la vuelta al mundo.
La gestión del Gobierno de José María Aznar fue objeto de una intensa controversia política y social, especialmente por las decisiones adoptadas respecto al alejamiento del buque y la información ofrecida a la población.
Los tribunales determinaron responsabilidades penales y civiles relacionadas con el buque, pero eso no significa que quedara acreditada judicialmente una responsabilidad penal de los miembros del Gobierno.
La distinción importa.
Se puede cuestionar una decisión política sin convertir automáticamente a quien la tomó en autor de un delito.
Y se puede exigir una explicación sin necesidad de dictar una sentencia desde una tribuna.
Yak-42: sesenta y dos militares que regresaban a casa
En mayo de 2003, un avión Yak-42 se estrelló en Turquía cuando transportaba a militares españoles que regresaban de una misión internacional.
Murieron 62 militares españoles.
A la tragedia del accidente se sumó posteriormente el sufrimiento causado por las irregularidades en la identificación de los cadáveres.
Durante años, las familias reclamaron explicaciones y responsabilidades.
En 2017, el Ministerio de Defensa reconoció formalmente la responsabilidad patrimonial de la Administración en el accidente, después del dictamen del Consejo de Estado.
Habían transcurrido casi catorce años.
Catorce años de reclamaciones, procedimientos y dolor.
Y uno se pregunta si las instituciones no deberían haber escuchado mucho antes a aquellas familias.
Porque reconocer una responsabilidad no devuelve la vida a nadie, pero puede contribuir a reparar una injusticia.
El 11-M: el terrorismo y la obligación de informar.
El 11 de marzo de 2004, Madrid sufrió una cadena de atentados terroristas contra cuatro trenes de Cercanías.
Murieron 192 personas como consecuencia de los atentados. A ellas se suma el policía fallecido semanas después en la operación contra los terroristas en Leganés.
Más de dos mil personas resultaron heridas.
La investigación judicial estableció la responsabilidad de una célula terrorista yihadista.
Pero aquellos días también estuvieron marcados por una enorme controversia sobre la información facilitada por el Gobierno de José María Aznar acerca de la autoría de los atentados, a escasas horas de unas elecciones generales.
El debate sobre la actuación informativa del Ejecutivo no debe confundirse con la autoría criminal, que correspondió a los terroristas.
Una cosa es cometer un atentado y otra muy distinta es cómo responde un Gobierno ante él.
Sin embargo, ambas cuestiones pueden y deben examinarse desde sus respectivas responsabilidades.
En una democracia, la información pública debe estar al servicio de la verdad, especialmente cuando un país entero está llorando a sus muertos.
Metro de Valencia: cuarenta y tres vidas bajo tierra.
El 3 de julio de 2006, un convoy del metro de Valencia descarriló y causó la muerte de 43 personas.
La tragedia abrió un largo proceso de investigaciones, reclamaciones y controversias sobre las condiciones de seguridad, las responsabilidades de la empresa pública y la actuación de las instituciones valencianas.
Las familias de las víctimas desempeñaron un papel fundamental para mantener viva la exigencia de respuestas.
Durante años tuvieron que recordar a los responsables públicos que el paso del tiempo no elimina el derecho a conocer lo ocurrido.
Y esa es una de las constantes más dolorosas de nuestra historia reciente: familiares que, además de afrontar una pérdida irreparable, terminan convirtiéndose en investigadores, portavoces y defensores de la memoria de sus seres queridos.
Spanair y el Alvia: la seguridad que se da por supuesta.
En agosto de 2008, el accidente del vuelo JK5022 de Spanair en Barajas provocó 154 muertes.
En julio de 2013, el descarrilamiento de un tren Alvia en Santiago de Compostela dejó 80 fallecidos.
Dos tragedias distintas, pero ambas relacionadas con sistemas de transporte en los que los ciudadanos depositan diariamente su confianza.
La seguridad aérea y ferroviaria depende de las empresas operadoras, pero también de las normas, los controles, las infraestructuras y los organismos encargados de supervisarlos.
En estos casos se investigaron tanto las actuaciones individuales como las condiciones técnicas y los sistemas de seguridad.
La pregunta que corresponde formular a las instituciones no es únicamente qué falló en el último instante.
También es si existieron advertencias previas, riesgos conocidos o medidas de prevención que pudieron adoptarse.
Porque investigar un accidente no debería limitarse a encontrar el último error de una cadena.
Debería servir para comprender toda la cadena y evitar que vuelva a repetirse.
Las residencias: morir durante una pandemia
En 2020, la pandemia de COVID-19 golpeó especialmente a las personas mayores que vivían en residencias.
Miles fallecieron en centros de toda España, en medio de una emergencia sanitaria extraordinaria que desbordó numerosos servicios públicos.
En la Comunidad de Madrid, los protocolos que regulaban las derivaciones hospitalarias de residentes se convirtieron en uno de los asuntos más controvertidos de aquella crisis.
Familias, asociaciones y representantes políticos han reclamado durante años que se esclarezcan las decisiones adoptadas y sus consecuencias.
Las administraciones han defendido distintas interpretaciones sobre los recursos disponibles, la presión asistencial y la organización de la atención sanitaria.
Precisamente por eso resulta indispensable distinguir entre las decisiones documentadas, sus posibles consecuencias y las responsabilidades que puedan establecer las investigaciones.
La pandemia fue una emergencia mundial. Pero su carácter excepcional no elimina la obligación de explicar cómo se tomaron las decisiones.
Y mucho menos cuando afectaban a personas especialmente vulnerables.
La DANA: cuando el agua arrasó Valencia.
El 29 de octubre de 2024, unas inundaciones devastadoras causaron una tragedia humana y material de enormes proporciones, especialmente en la provincia de Valencia.
Las preguntas sobre los avisos meteorológicos, la activación de alertas, la coordinación de emergencias y las decisiones de las distintas administraciones ocuparon desde entonces el centro del debate público y judicial.
La responsabilidad de gestionar una emergencia no puede analizarse únicamente a partir del partido que gobierna una comunidad autónoma o el Gobierno central.
Hay que examinar qué competencias correspondían a cada institución, qué información recibió, qué decisiones adoptó y en qué momento.
Y, sobre todo, qué medidas podrían haber reducido el número de víctimas.
Una inundación puede ser consecuencia de un fenómeno natural.
Pero la prevención, la planificación territorial, los sistemas de alerta y la respuesta institucional son responsabilidades humanas.
Urda: una tragedia que todavía necesita respuestas
Y llegamos a octubre de 2026.
El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ha vuelto a conmocionar a España.
Según el balance conocido al cierre de este artículo, 69 personas han fallecido en el choque de dos trenes de alta velocidad.
Todavía hay familias esperando respuestas y personas recuperándose de sus heridas.
Las investigaciones continúan abiertas y no corresponde anticipar conclusiones sobre las causas ni atribuir responsabilidades que todavía no han sido acreditadas.
Pero tampoco sería razonable considerar que pedir explicaciones equivale a condenar anticipadamente a nadie.
El Gobierno tiene la obligación de informar, colaborar con los investigadores y facilitar que se esclarezca lo sucedido.
La oposición tiene derecho a fiscalizar esa actuación.
Y ambos tienen el deber de respetar a las víctimas y evitar que el dolor se convierta en una competición electoral.
Habrá tiempo para conocer los fallos técnicos, las decisiones humanas, las actuaciones de las empresas y las posibles responsabilidades administrativas o políticas.
Lo que no debería haber es prisa por declarar culpables ni por garantizar inocencias antes de conocer los hechos.
Cuando cambia el Gobierno, cambia el discurso.
Aquí aparece una contradicción que merece una reflexión colectiva.
Cuando un partido está en la oposición, suele exigir explicaciones inmediatas, investigaciones, comparecencias y dimisiones.
Cuando llega al Gobierno y se enfrenta a una tragedia, reclama prudencia, respeto a los procedimientos y tiempo para investigar.
¿Son incompatibles ambas exigencias?
No necesariamente.
Se puede reclamar una investigación inmediata y, al mismo tiempo, respetar sus resultados.
Se pueden pedir responsabilidades políticas sin inventar responsabilidades penales.
Y se puede exigir una dimisión como expresión de responsabilidad política sin afirmar que existe un delito.
El problema comienza cuando los criterios cambian según el partido al que pertenezca el responsable.
Cuando aquello que ayer parecía imperdonable hoy se presenta como inevitable.
Cuando las preguntas que hacíamos desde la oposición nos parecen injustas al llegar al Gobierno.
Y cuando las víctimas terminan siendo utilizadas para sostener posiciones políticas que ya estaban decididas antes de conocer los hechos.
No todos los gobiernos han actuado de la misma manera ni todas las tragedias permiten establecer las mismas conclusiones.
Pero sí deberíamos exigirles un principio común: que sus actuaciones puedan examinarse con independencia del color político de quienes las protagonizan.
Las familias, las que nunca cambian de bando.
Hay algo que permanece en todas estas historias.
Las familias.
Las madres que perdieron a sus hijos, los hijos que nunca volvieron a ver a sus padres, las parejas que quedaron solas y los supervivientes que todavía conviven con las consecuencias físicas y emocionales.
Para ellos, la tragedia no termina cuando desaparece de los informativos.
No termina cuando se celebra un funeral de Estado.
Ni cuando los políticos dejan de hablar del asunto.
Muchas veces comienza entonces otra lucha: conseguir documentos, encontrar respuestas, reclamar justicia y evitar que el olvido se imponga.
Esas familias no deberían necesitar el respaldo de un partido político para ser escuchadas.
Ni deberían recibir más atención dependiendo de quién gobierne cuando ocurre la tragedia.
El dolor de una madre no cambia según el color del Gobierno.
Una última reflexión
No podemos impedir todos los accidentes, todas las catástrofes ni todos los actos criminales.
Pero podemos exigir que los poderes públicos hagan cuanto esté razonablemente en sus manos para prevenir los riesgos, proteger a los ciudadanos y responder con transparencia cuando las cosas salen mal.
También debemos aceptar que responsabilidad política, administrativa y penal son conceptos diferentes.
No toda equivocación constituye un delito.
No toda tragedia demuestra una negligencia.
Pero tampoco toda ausencia de condena penal significa que la gestión política fuera correcta.
Quizá la madurez de una democracia no se mida únicamente por su capacidad para elegir gobernantes, sino también por su capacidad para exigirles explicaciones con el mismo criterio, independientemente de quién ocupe el poder.
Porque las víctimas no votaron para morir.
No eligieron convertirse en protagonistas de una tragedia.
Y sus familias no deberían tener que escoger un bando para reclamar la verdad.
Las tragedias no tienen carné de partido. La obligación de responder ante los ciudadanos tampoco debería tenerlo.
Aniceto del Olmo
