El verano avanza y, con él, las llamas vuelven a devorar miles de hectáreas en la Península Ibérica. Sin embargo, más allá de las altas temperaturas y la sequía, los incendios que asolan la Comunidad de Madrid y Castilla y León dejan al descubierto una realidad preocupante: el choque entre la evidencia científica sobre el cambio climático y las políticas de gestión desarrolladas en ambas comunidades autónomas.
A pesar del esfuerzo titánico de los miles de profesionales que trabajan sobre el terreno, las políticas forestales de ambas regiones siguen siendo objeto de críticas por parte de sindicatos, bomberos forestales, organizaciones medioambientales y expertos, que desde hace años denuncian una insuficiente inversión en prevención, la dependencia de modelos de gestión externalizados y la falta de una planificación estable durante todo el año.
El negacionismo climático y sus consecuencias
La ciencia hace tiempo que dejó de debatir si el cambio climático existe. El debate actual gira en torno a cómo adaptarse a una realidad en la que las olas de calor son cada vez más frecuentes, la vegetación permanece seca durante más meses al año y los incendios adquieren un comportamiento mucho más extremo y difícil de controlar.
Sin embargo, una parte de la derecha política española continúa cuestionando esa realidad o minimizando su impacto. Vox ha calificado en numerosas ocasiones las políticas climáticas como "fanatismo climático" o "ideología ecologista", mientras los gobiernos autonómicos de Madrid y Castilla y León, ambos presididos por el Partido Popular y apoyados en distintos momentos por Vox para sacar adelante sus políticas, han sido criticados por priorizar la respuesta de emergencia frente a una inversión sostenida en prevención forestal.
Porque la prevención no genera titulares. Limpiar montes, mantener cortafuegos, gestionar adecuadamente la masa forestal, reforzar las brigadas permanentes o aumentar la vigilancia durante todo el año supone invertir recursos antes de que aparezca el humo. Pero cada euro que no se destina a esa prevención termina multiplicándose cuando llegan las llamas.
Negar o minimizar el papel del cambio climático no apaga los incendios. Lo único que consigue es retrasar las decisiones necesarias para preparar el territorio frente a una realidad que ya está aquí.
Recortes, externalización y conflicto laboral
El malestar existente entre los profesionales del sector no surge por casualidad. Durante los últimos años, brigadas forestales y bomberos especializados han protagonizado movilizaciones y protestas para denunciar unas condiciones laborales que consideran insuficientes.
Entre sus principales reclamaciones destacan:
- Precariedad laboral. Los trabajadores denuncian salarios congelados durante años, elevadas tasas de temporalidad y dificultades para consolidar plantillas estables que permitan mantener equipos experimentados.
- Modelo de gestión. Buena parte del operativo continúa dependiendo de encomiendas a empresas públicas, como Tragsa, o de contratos con empresas privadas. Los representantes de los trabajadores sostienen que este sistema limita la continuidad de muchos efectivos, contratados únicamente durante la campaña de alto riesgo, cuando la prevención debería desarrollarse durante los doce meses del año.
- Medios materiales. Las organizaciones sindicales también reclaman una mayor renovación de equipos de protección, vehículos, bases operativas e infraestructuras, al considerar que los recursos actuales resultan insuficientes para afrontar incendios cada vez más extremos.
Dos comunidades, un mismo modelo
Madrid dispone de uno de los mayores presupuestos autonómicos del país y Castilla y León gestiona una de las mayores superficies forestales de España. Ambas realidades exigirían convertir la prevención en una prioridad absoluta.
Sin embargo, los conflictos laborales continúan abiertos, las reclamaciones de los profesionales se repiten cada verano y la sensación de que la prevención sigue siendo la gran asignatura pendiente permanece intacta.
La coincidencia política entre ambas comunidades no se ha traducido en una estrategia conjunta capaz de afrontar una realidad climática que ya no entiende de fronteras administrativas. Mientras los incendios evolucionan con mayor rapidez y violencia, las políticas públicas siguen respondiendo, en demasiadas ocasiones, con herramientas pensadas para un escenario climático que ya no existe.
La factura del desastre
El coste de los incendios no se mide únicamente en hectáreas calcinadas. Detrás de cada fuego hay explotaciones ganaderas afectadas, pérdidas económicas, viviendas amenazadas, ecosistemas destruidos y, en demasiadas ocasiones, vidas humanas.
En lo que va de año, España ha superado ampliamente las 150.000 hectáreas quemadas, multiplicando varias veces la superficie calcinada durante el mismo periodo del año anterior y confirmando que la magnitud del problema crece a un ritmo muy superior al de las respuestas políticas.
Mientras tanto, las administraciones anuncian ayudas económicas para paliar los daños. Medidas necesarias, sin duda, pero insuficientes si no van acompañadas de una apuesta decidida por la prevención, la gestión forestal permanente y la estabilidad de los profesionales encargados de proteger nuestros montes.
Una decisión política, no una fatalidad
Cuando el humo desaparece y las cámaras abandonan el lugar, quienes permanecen son los vecinos que han perdido sus viviendas, los ganaderos que han visto desaparecer años de trabajo y unos montes que tardarán décadas en recuperarse.
Los incendios no pueden evitarse por completo. Lo que sí puede evitarse es que cada verano se repitan los mismos errores. La prevención forestal no puede seguir siendo la gran olvidada mientras se destinan millones a reparar daños que, en muchos casos, podrían haberse reducido con una gestión adecuada del territorio.
Gobernar también consiste en anticiparse. Y cuando durante años se desoyen las advertencias de científicos, técnicos forestales y profesionales del sector; cuando se considera el cambio climático un asunto secundario y la prevención un gasto prescindible, las consecuencias terminan escribiéndose con humo y cenizas.
La naturaleza no entiende de ideologías. El fuego tampoco. Pero las decisiones sobre cómo proteger nuestros montes, cuánto invertir en prevención y qué modelo de gestión aplicar sí son profundamente políticas. De quienes gobiernan depende que cada verano asistamos, una vez más, al mismo desastre anunciado.
Porque el cambio climático no pregunta a quién votamos. Pero sí acaba pasando factura a quienes no se preparan para afrontarlo.