La Constitución define el Senado como la Cámara de representación territorial. Sin embargo, las negociaciones entre PP y Vox para obtener ventajas parlamentarias y las candidaturas conjuntas de la izquierda plantean una pregunta: ¿hasta dónde llegan los intereses de los partidos y dónde comienza el respeto a los ciudadanos?
Las negociaciones entre PP y Vox para conseguir representación parlamentaria y las candidaturas conjuntas de la izquierda abren un debate sobre los intereses de los partidos, la transparencia y el respeto a la voluntad de los electores.
El artículo 69.1 de la Constitución española establece:
«El Senado es la Cámara de representación territorial».
No dice que sea una cámara destinada al reparto de cargos entre partidos. Tampoco que deba convertirse en una moneda de cambio para negociar ventajas políticas o controlar instituciones.
Su función constitucional es representar territorialmente a España y participar en las tareas legislativas y de control que le corresponden.
Sin embargo, las negociaciones electorales que estamos conociendo vuelven a colocar sobre la mesa una cuestión: la distancia que puede existir entre la finalidad de las instituciones y la utilización política que se hace de ellas.
Cuando los escaños se convierten en objeto de negociación
Según las informaciones publicadas este 23 de octubre, el Partido Popular y Vox negocian distintas fórmulas para mejorar su representación en el Senado.
Vox reclama garantías para constituir un grupo parlamentario propio y mayor protagonismo en determinados territorios, especialmente Cataluña.
Entre las posibilidades planteadas figura que el PP facilite temporalmente senadores para alcanzar el mínimo reglamentario exigido.
Y aquí surge una pregunta:
¿Para qué establecemos requisitos de representación si después los partidos pueden buscar fórmulas para cumplirlos mediante cesiones temporales?
No estamos afirmando que esos procedimientos sean ilegales. De hecho, distintas formaciones han recurrido anteriormente a mecanismos semejantes.
Pero la legalidad de una operación no impide discutir su legitimidad política.
La cuestión adquiere mayor importancia cuando observamos lo que está en juego.
Una mayoría de tres quintos en el Senado permite intervenir decisivamente en determinados nombramientos institucionales, incluidos los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde a la Cámara Alta.
Por tanto, no estamos hablando únicamente de obtener más escaños o disponer de un grupo parlamentario con recursos propios.
Estamos hablando también de la capacidad de influir en instituciones fundamentales del Estado.
Y precisamente por eso resulta imprescindible conocer qué compromisos se están negociando y qué consecuencias pueden tener.
¿Y qué sucede con la izquierda?
El PSOE y otras formaciones de izquierda también han alcanzado un acuerdo para concurrir conjuntamente al Senado bajo la denominación Senado de Progreso.
Existe una diferencia relevante: en este caso se trata de una coalición electoral que presenta candidaturas conocidas antes de la votación.
Los ciudadanos pueden decidir si respaldan o rechazan esa candidatura común.
Eso no significa que la coalición quede exenta de críticas. También debe explicar sus compromisos, el reparto de responsabilidades y sus objetivos políticos.
Pero no es exactamente lo mismo presentarse unidos ante los electores que negociar posteriormente cesiones de representantes para alcanzar determinados beneficios parlamentarios.
La distinción importa.
Y también importa recordar que ningún partido, de derechas o de izquierdas, debería considerar las instituciones como una propiedad particular.
Las instituciones no son patrimonio de nadie
Las negociaciones parlamentarias forman parte de la democracia.
Sin pactos, acuerdos y compromisos, muchos sistemas políticos resultarían ingobernables.
Pero las instituciones tienen una finalidad que va más allá de los intereses electorales de quienes ocupan sus escaños.
El Senado no es únicamente un lugar donde se cuentan votos. También participa en la elaboración de leyes, controla al Gobierno y desempeña funciones en la designación de determinados cargos institucionales.
Por eso, los acuerdos que afectan a su composición y funcionamiento deben poder explicarse públicamente.
¿Qué gana cada partido?
¿Qué compromisos adquiere?
¿Qué consecuencias tendrá el acuerdo sobre la representación de los ciudadanos?
Y, sobre todo, ¿qué beneficios concretos obtiene la sociedad?
Son preguntas que deberían responderse antes y después de cualquier negociación.
El ciudadano no puede ser el último en enterarse
En una democracia representativa, los ciudadanos delegan temporalmente el ejercicio del poder político.
No entregan a los partidos la propiedad de las instituciones.
Esa diferencia debería estar presente en cada negociación electoral.
Los partidos tienen derecho a defender sus programas, alcanzar acuerdos y organizar estrategias para conseguir representación.
Pero también tienen la obligación política de explicar sus decisiones y someterlas al juicio de los electores.
La transparencia no debería depender de quién protagoniza el pacto.
Si una negociación resulta cuestionable cuando la realiza un adversario político, debería examinarse con los mismos criterios cuando la protagonizan los partidos más próximos a nuestras ideas.
Necesitamos políticos de altura
El artículo 67.2 de la Constitución establece que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.
Este principio protege jurídicamente la libertad de los representantes, aunque en la práctica exista disciplina de voto dentro de los grupos parlamentarios.
La representación democrática exige algo más que ocupar un escaño y seguir las instrucciones de una dirección política.
Exige conocimiento, responsabilidad, independencia de criterio y capacidad para defender el interés general.
Los ciudadanos pueden preguntarse hasta qué punto sus representantes participan realmente en las decisiones o se limitan a respaldar acuerdos previamente adoptados por sus partidos.
Y esa reflexión afecta a todas las formaciones.
Porque la democracia necesita partidos organizados, pero también representantes capaces de razonar, discrepar y responder por sus propias decisiones.
La democracia no se entrega en propiedad
Los pactos electorales son legítimos y forman parte de nuestro sistema parlamentario.
Pero hay una diferencia entre cooperar para representar mejor a los ciudadanos y negociar mecanismos cuyo principal resultado sea aumentar el poder de las organizaciones.
Por eso, antes de aceptar cualquier acuerdo como una simple operación política, conviene preguntarse qué gana realmente el ciudadano.
¿Mejora la representación territorial?
¿Se fortalece el control democrático?
¿Se garantiza mayor independencia institucional?
¿O simplemente cambia la distribución del poder entre los partidos?
La Constitución establece las reglas del sistema, pero corresponde también a los ciudadanos exigir que se respete su finalidad.
Porque el Senado no debería ser un negocio entre partidos. Y la democracia no es un patrimonio que sus dirigentes puedan repartirse.
Las instituciones pertenecen al conjunto de los españoles.
Los partidos están para servir al interés general y representar a los ciudadanos.
Nunca al revés.
