Lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio no puede reducirse a una discusión sobre si nuestros servicios de inteligencia fueron capaces de prever que más de 70.000 personas atravesarían la frontera desde Marruecos. La cuestión verdaderamente importante es otra: qué sabía el Estado antes de que comenzara la crisis y qué hicieron con esa información quienes tenían la responsabilidad política de decidir.
Hoy sabemos que existieron avisos previos. Margarita Robles defendió públicamente que el CNI realizó la labor que le correspondía y que la información fue compartida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la Delegación del Gobierno. También se han conocido notas del CENIF de los días 28 y 29 de julio y comunicaciones posteriores incorporadas a la investigación judicial.
Es posible que ningún informe anticipara exactamente la dimensión final de la entrada. Pero un servicio de inteligencia no está para adivinar una cifra. El artículo 4 de la Ley 11/2002, reguladora del CNI, atribuye al Centro la función de obtener, evaluar e interpretar información para prevenir amenazas contra la soberanía, la integridad territorial y la seguridad del Estado.
La inteligencia informa. El Gobierno decide.
Por eso considero injusto que buena parte de la defensa del Ejecutivo haya terminado descansando en insistir en aquello que nuestros servicios no fueron capaces de prever. El propio presidente volvió a señalar ante las Cortes que ningún servicio anticipó el cruce masivo. Ese discurso acaba proyectando una imagen muy negativa del CNI, la Policía y la Guardia Civil, como si su trabajo no hubiera sido suficientemente fiable o relevante para provocar una reacción.
Y precisamente ahí surge la responsabilidad política.
El artículo 97 de la Constitución establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado; el artículo 98.2 atribuye al presidente la dirección de la acción del Gobierno. La Ley 36/2015 de Seguridad Nacional es todavía más clara: atribuye al Gobierno y al presidente la dirección de la política y del Sistema de Seguridad Nacional y establece que una crisis debe gestionarse desde la prevención y la detección, no solamente desde la respuesta.
Por tanto, si los servicios emitieron avisos, hay que saber quién los recibió, cómo fueron valorados y qué decisiones provocaron.
En este contexto, la posición de Margarita Robles resulta especialmente significativa. Mientras otros responsables del Gobierno han insistido en que nadie pudo anticipar suficientemente lo sucedido, Robles ha defendido públicamente que el CNI cumplió con sus funciones. No puedo afirmar que haya sido apartada «por decir la verdad», pero sí resulta llamativo que la ministra que más claramente ha defendido la profesionalidad de nuestros servicios haya quedado en una posición incómoda dentro del propio Ejecutivo.
La intervención de la Audiencia Nacional añade además una dimensión que ya no permite tratar este asunto como una simple controversia política. La jueza María Tardón ha solicitado documentación a Policía y Guardia Civil, y un informe del CENIF de 55 páginas recoge indicios de planificación previa y posibles actuaciones de agentes marroquíes. La Guardia Civil ha aportado también su propia documentación y la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha considerado suficientemente relevante el caso como para respaldar su investigación.
Esto no demuestra que el Gobierno de Marruecos organizara la entrada masiva. Pero sí obliga a investigar.
Y también obliga a preguntar qué hizo Interior desde el primer momento. No afirmo que Marlaska no solicitara informes, porque no dispongo de documentación que lo pruebe. Pero sí considero imprescindible conocer qué información pidió, qué recibió de Policía y Guardia Civil, qué sabía la Delegación del Gobierno y qué llegó finalmente a Presidencia.
Si Interior mostró tanta preocupación cuando conoció un informe remitido directamente a la jueza, también es razonable preguntar qué mecanismos puso en marcha desde el 30 de julio para reconstruir toda la información existente antes de la crisis.
Tampoco considero que pueda desaparecer del análisis la decisión del presidente de marcharse de vacaciones durante agosto.
Por supuesto que un presidente tiene derecho a descansar. También lo tenían los policías, guardias civiles, militares, sanitarios, funcionarios y ciudadanos de Ceuta que tuvieron que afrontar las consecuencias de la crisis.
Pero la crisis no les preguntó si estaban de vacaciones.
No existe una ley que prohíba al presidente descansar durante una crisis. Mi crítica es política e institucional. Si la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional sitúan en el presidente la máxima responsabilidad de dirección, considero que después de una crisis fronteriza de esta magnitud debía estar al frente desde el primer momento.
Marruecos tampoco puede quedar fuera de esta investigación. Las personas que llegaron a Ceuta procedían de territorio marroquí y durante horas el control fronterizo del otro lado no impidió el paso masivo. No debemos acusar al Gobierno marroquí sin pruebas, pero tampoco exonerarlo antes de que concluya la investigación.
España tiene además instrumentos jurídicos para exigir respuestas. El Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991 establece el respeto de la soberanía y la integridad territorial. Pero existe otro instrumento especialmente relevante: el Acuerdo entre España y Marruecos relativo a la circulación de personas, tránsito y readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en 1992 y posteriormente puesto plenamente en vigor.
Su artículo 1 contempla, previa petición formal española, la readmisión por Marruecos de nacionales de terceros países que hayan entrado ilegalmente en España procedentes de territorio marroquí. Y su artículo 2 establece un elemento especialmente importante ante lo sucedido en Ceuta: la solicitud de readmisión debe formularse dentro de los diez días posteriores a la entrada ilegal.
Ante una crisis de más de 70.000 entradas procedentes de Marruecos, considero inevitable preguntar: ¿hasta qué punto activó el Gobierno este mecanismo durante esos diez días?, ¿Cuántas solicitudes de readmisión presentó y qué respuesta obtuvo de Marruecos?
No se trata de afirmar que todas esas personas pudieran ser devueltas automáticamente. El propio acuerdo establece requisitos y excepciones y, además, España debe respetar el derecho de asilo, la protección internacional y los derechos fundamentales. Pero precisamente por eso el Gobierno debería explicar cómo utilizó uno de los principales instrumentos jurídicos de cooperación con Marruecos cuando más necesario resultaba.
Y hay otra cuestión que merece aclararse: el propio acuerdo contempla un Comité Mixto hispano-marroquí, bajo la autoridad de los ministros del Interior, para resolver los problemas derivados de su aplicación y desarrollar la cooperación en materia fronteriza. Ante una crisis de esta magnitud, resulta legítimo preguntar si ese mecanismo bilateral fue activado, cuándo se hizo y qué resultados produjo.
La Unión Europea también debe asumir su parte. Ceuta es frontera exterior europea. Los artículos 77 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establecen la vigilancia eficaz de las fronteras exteriores y el principio de solidaridad entre Estados miembros. La STC 172/2020 reconoció además la singularidad de Ceuta y Melilla como fronteras exteriores terrestres de la Unión.
España conserva la responsabilidad principal sobre su frontera, pero Europa no puede limitarse a financiar programas de cooperación migratoria con Marruecos y desaparecer cuando esa cooperación falla.
Al final, lo que necesitamos no es solamente un dosier sobre lo ocurrido. Necesitamos saber qué va a cambiar.
Qué información existía. Quién la recibió. Qué decisiones se adoptaron. Qué falló en Interior y Presidencia. Qué ocurrió en Marruecos. Qué determinará la Audiencia Nacional. Cómo se utilizó el acuerdo de readmisión durante los diez días previstos para solicitarla. Y qué hará Europa para impedir que algo semejante vuelva a ocurrir.
Mi denuncia es política, pero tiene una base jurídica clara: las leyes determinan quién informa, quién dirige, quién coordina y quién decide.
Por eso, antes de desacreditar a quienes estuvieron sobre el terreno o a quienes emitieron los avisos, considero que debemos conocer qué hicieron quienes tenían la responsabilidad política de actuar.
La inteligencia informa. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan. La Justicia investiga. Y el Gobierno gobierna.
Cuando ocurre una crisis de esta magnitud, la responsabilidad política no puede terminar abajo. Tiene que empezar arriba.
Miguel Ángel Pedrosa Ruiz
Secretario General de TÚ ELIGES
