Colmenar Viejo, 26 de marzo de 2026. — El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha aprobado en el pleno municipal celebrado este jueves una modificación de la tasa de basuras que supondrá una reducción aproximada del 50% en el recibo para los vecinos, gracias al acuerdo alcanzado con la Mancomunidad de Residuos del Noroeste.
La medida responde a un ajuste técnico de la ordenanza fiscal para adaptar el coste del servicio a la normativa vigente, que obliga a que la tasa cubra el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de residuos.
Esta reducción se apoya, en gran parte, en el convenio suscrito con la Mancomunidad, que permitirá al Ayuntamiento dejar de asumir aproximadamente 1,5 millones de euros anuales en tasas de vertido, una cifra que podría incrementarse en los próximos años.
Desde el equipo de Gobierno del Partido Popular se ha defendido la medida como un esfuerzo por aliviar la carga económica de los vecinos, destacando además la aplicación de bonificaciones para determinados colectivos.
Sin embargo, la propuesta no ha salido adelante con unanimidad. Los grupos municipales de Más Madrid y Ganemos Colmenar han votado en contra, argumentando que, más allá de la reducción puntual de la tasa, existen problemas de fondo en el modelo de gestión de residuos.
Desde Más Madrid han señalado que la actual tasa no aplica plenamente el principio europeo de “quien contamina paga”, al no incentivar de forma efectiva la reducción de residuos ni el reciclaje. También han expresado dudas sobre el convenio vinculado al vertedero, tanto por su duración como por posibles implicaciones legales, ya que modelos similares están siendo cuestionados en otros municipios.
Por su parte, Ganemos Colmenar ha indicado que la bajada de la tasa responde a una situación que consideran provisional, derivada del acuerdo con la Mancomunidad, y no a una mejora estructural del servicio. Según expusieron en el pleno, esta circunstancia podría revertirse en el futuro, lo que supondría nuevas subidas para los vecinos.
Además, este grupo ha denunciado deficiencias en la prestación del servicio, como problemas en el mantenimiento de contenedores, retrasos en infraestructuras comprometidas o la falta de implantación de sistemas que fomenten la separación de residuos, como el quinto contenedor.
Ambos grupos coincidieron en que su voto en contra no se dirige al trabajo técnico realizado, sino a la falta de cambios en el modelo y a cuestiones de fondo que, según indicaron, siguen sin resolverse.
Cabe recordar que la implantación de esta tasa responde a una normativa europea basada en el principio de “quien contamina paga”, que obliga a repercutir el coste del servicio directamente en el usuario, una medida desarrollada posteriormente por el Gobierno de España y aplicada por los ayuntamientos.