El PP de Tres Cantos pide una auditoría de las altas del CERA vinculadas a la ‘Ley de Nietos’

Sociedad

La formación reclama una revisión de las inscripciones de españoles residentes en el extranjero vinculadas a Tres Cantos desde 2022 y cuestiona el incremento registrado tras la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. El PP local considera que existen anomalías que deben aclararse, mientras la cuestión sobre determinadas inscripciones y sus efectos electorales se encuentra sometida a controversia jurídica.

El Partido Popular de Tres Cantos ha solicitado una revisión de las altas registradas en el Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) vinculadas al municipio desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022.

La formación local sostiene que el incremento del censo exterior de Tres Cantos requiere explicaciones y ha anunciado que solicitará a la Junta Electoral Central (JEC) y al Instituto Nacional de Estadística (INE) una auditoría y revisión de los expedientes correspondientes.

El presidente del PP de Tres Cantos y alcalde de la ciudad, Jesús Moreno, considera especialmente llamativo que aparezcan nuevos electores vinculados a una localidad constituida formalmente como municipio independiente en 1991.

“Más que una sorpresa partidista, lo recibimos con perplejidad técnica y una enorme preocupación institucional. Tres Cantos es una ciudad joven, nacida en democracia en 1991”, ha señalado Moreno.

El dirigente popular afirma que debe garantizarse que el censo electoral responda a los requisitos establecidos legalmente y reclama explicaciones tanto a la Administración central como a los organismos responsables del censo.

Una cuestión que trasciende la existencia del municipio en la época del exilio

La denominada popularmente ‘Ley de Nietos’ hace referencia a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que abrió nuevas vías para que determinados descendientes de españoles pudieran optar a la nacionalidad española.

La cuestión de la inscripción electoral de estos nuevos ciudadanos españoles no debe confundirse necesariamente con la fecha de constitución administrativa del municipio al que posteriormente figuren vinculados a efectos electorales.

El CERA recoge, entre otros datos, la provincia y el municipio de inscripción a efectos electorales de los españoles residentes en el extranjero. La normativa electoral contempla igualmente procedimientos para reclamar los datos de inscripción y para realizar cambios relacionados con el municipio de inscripción.

Por tanto, que Tres Cantos se constituyera como municipio independiente en 1991 no permite, por sí solo, concluir que una inscripción posterior vinculada a la localidad sea irregular. La legalidad de cada inscripción dependerá de los requisitos y circunstancias aplicables al elector.

El PP reclama una revisión

El PP tricantino sostiene, sin embargo, que los datos conocidos justifican una comprobación de los expedientes.

“Respetamos plenamente el derecho a la nacionalidad, pero el censo electoral debe reflejar un arraigo real y verificable con el municipio donde se vota”, ha declarado Jesús Moreno.

La formación también ha expresado su respaldo a las actuaciones judiciales que afectan a determinadas altas relacionadas con la aplicación de esta normativa y considera necesario garantizar la transparencia del censo ante los próximos procesos electorales.

El PP de Tres Cantos asegura que se encuentra coordinado con el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y anuncia que solicitará formalmente una revisión de las altas del CERA asignadas a Tres Cantos desde 2022.

La Oficina del Censo Electoral, dependiente del INE, es el organismo responsable de los procedimientos relativos a las inscripciones y reclamaciones del CERA. El propio INE establece que las reclamaciones sobre los datos de inscripción pueden presentarse en cualquier momento y deben resolverse atendiendo al cumplimiento de los requisitos necesarios para formar parte del censo electoral vigente.

La petición planteada por el PP abre así un debate que deberá distinguir entre dos cuestiones diferentes: el derecho de los nuevos ciudadanos españoles a participar políticamente y la obligación de que su inscripción electoral se ajuste a las normas que regulan el CERA.