Hay imágenes que hablan por sí solas. Miles de personas evacuadas. Decenas de miles de hectáreas arrasadas. Municipios enteros pendientes del viento. Y, ante la gravedad de la situación, la propia Comunidad de Madrid llega a solicitar al Gobierno de España la declaración del Nivel 3 de emergencia de interés nacional, reconociendo de facto que la magnitud de los incendios supera su capacidad de respuesta.
No es una crítica pedir explicaciones. Es una obligación democrática.
Durante años se nos ha presentado a la Comunidad de Madrid como un modelo de excelencia y de gestión eficiente; como una administración cuyos servicios funcionaban mejor que los de nadie y que podía hacer frente a cualquier contingencia. Sin embargo, cuando llega una de las mayores emergencias ambientales de las últimas décadas —con la amenaza planeando sobre nuestros propios entornos naturales en la zona norte—, la respuesta del Gobierno regional es solicitar que el Estado asuma la dirección de la emergencia porque reconoce que la magnitud del incendio supera su capacidad de respuesta.
Es el mismo patrón que los vecinos de Colmenar Viejo y Tres Cantos conocen bien en otros ámbitos esenciales, como la sanidad pública: un modelo basado en la infrainversión sistemática, la falta de personal y la improvisación cuando llega la crisis.
Y entonces surgen las preguntas inevitables que cualquier ciudadano tiene derecho a formular.
Si la situación estaba fuera de control, ¿se disponía de los medios necesarios? ¿Se ha invertido lo suficiente en prevención, limpieza de montes, personal especializado y recursos de extinción? ¿O estamos pagando hoy las consecuencias de haber considerado durante demasiado tiempo que los servicios públicos y la prevención pueden esperar?
En los últimos días, los propios profesionales de las emergencias han abierto ese debate. Se cuestiona si la petición del Nivel 3 respondía realmente a una necesidad técnica o si, por el contrario, pone de manifiesto un problema de falta de medios, de plantillas insuficientes y de una planificación que quizá no estaba preparada para afrontar incendios cada vez más virulentos.
Hay otro aspecto económico que también merece una reflexión.
Hace poco más de un año, el Gobierno de España planteó la condonación de parte de la deuda autonómica. A la Comunidad de Madrid le correspondían 8.644 millones de euros. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso rechazó esa propuesta. Fue una decisión política. Pero cuando una administración renuncia a disponer de miles de millones de euros adicionales, es inevitable preguntarse cuántos de esos recursos rechazados podrían haber ido a parar a la sanidad pública, a reforzar los retenes forestales, a dotar de mejores medios a Bomberos y Protección Civil o a cuidar un patrimonio natural que, desgraciadamente, arde cada verano con mayor intensidad.
Nadie puede afirmar que aceptar esa quita habría evitado las llamas. Pero nadie puede impedir que los ciudadanos se pregunten si disponer de esa capacidad económica habría permitido proteger mejor nuestras vidas, nuestros montes y nuestros servicios públicos.
Mientras tanto, asistimos al espectáculo habitual: balones fuera, reproches cruzados entre administraciones y batallas partidistas mientras las hectáreas siguen ardiendo.
Los incendios forestales ya no son episodios excepcionales; son la consecuencia de una realidad marcada por temperaturas extremas, sequías prolongadas y montes que necesitan una gestión constante. Ignorar esa realidad o convertirla únicamente en un arma política no apaga un solo incendio. No se puede gestionar el territorio de espaldas al conocimiento científico ni pretender apagar con discursos lo que exige prevención durante todo el año y no únicamente cuando llega el verano.
La política debería consistir en proteger a la ciudadanía y anticiparse a las tragedias, no en buscar culpables cuando la casa ya se ha quemado.
Los bosques no votan. Los incendios tampoco.
Pero las decisiones políticas sí tienen consecuencias.
Y cuando el humo se disipe, los vecinos tendrán todo el derecho a exigir cuentas a quienes, teniendo la responsabilidad de gobernar, prefirieron la confrontación política a reforzar la gestión y la prevención.