España privatizó durante décadas algunas de sus mayores empresas de electricidad, gas, petróleo y telecomunicaciones. Años después, el Estado ha vuelto al capital de compañías que considera estratégicas. ¿Qué ganamos y qué perdimos con la venta de las llamadas «joyas de la corona»?
Durante varias décadas, el Estado español fue propietario o accionista fundamental de algunas de las mayores empresas del país. Electricidad, petróleo, gas, telecomunicaciones, banca, transportes y otras actividades consideradas esenciales estaban, total o parcialmente, en manos públicas.
Después llegó la gran oleada de privatizaciones.
No fue obra exclusiva de la derecha ni de la izquierda. Comenzó y avanzó durante los gobiernos socialistas de Felipe González y posteriormente se aceleró y culminó en numerosos sectores durante los gobiernos de José María Aznar.
El proceso se desarrolló, además, en el contexto de la construcción del Mercado Único europeo, las políticas de liberalización y las exigencias presupuestarias derivadas de la convergencia europea. Pero liberalizar un mercado no significaba necesariamente que el Estado tuviera que desprenderse totalmente de sus empresas estratégicas.
Los propios datos oficiales de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) permiten reconstruir aquella historia.
Desde que comenzaron estos procesos se han privatizado en España más de 120 compañías que tenían participación pública estatal, generando unos ingresos aproximados de 45.000 millones de euros. Solo las 29 ofertas públicas de venta de acciones (OPV) realizadas por el Estado aportaron alrededor de 32.000 millones.
Hasta 1996, buena parte de las privatizaciones fueron parciales. El Estado reducía su participación, pero conservaba presencia en determinadas compañías.
A partir de junio de 1996, con el Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, la política cambió de dimensión. Las privatizaciones adquirieron un carácter mucho más global y, en numerosos casos, total.
ENDESA: PRIVATIZAR AQUÍ PARA TERMINAR BAJO CONTROL DE ENEL
El caso de Endesa quizá sea uno de los símbolos más claros de aquella transformación.
En 1988 se colocó en Bolsa el 18 % de sus acciones. El proceso continuaría durante los años siguientes.
En 1997 el Estado vendió otro 25,44 % de la eléctrica, obteniendo más de 4.000 millones de euros. En 1998 se realizó otra gigantesca OPV, cercana al 30 % del capital, que proporcionó más de 6.000 millones.
La pequeña participación pública restante terminó desapareciendo posteriormente y el Estado salió completamente del capital de Endesa.
Aquellas operaciones se defendieron bajo conceptos como liberalización, competencia, modernización y eficiencia empresarial.
Pero la historia dio después una vuelta especialmente llamativa.
Endesa terminó controlada por Enel, que posee actualmente alrededor del 70 % de la eléctrica española.
Y aquí aparece una de las grandes paradojas de esta historia: el principal accionista individual de Enel es el Ministerio de Economía y Finanzas italiano, que mantiene un 23,6 % del grupo energético.
Conviene precisar, por tanto, que Endesa no es una empresa pública italiana. Pero sí está controlada por una compañía en la que el Estado italiano conserva una importante participación estratégica.
España decidió salir completamente del capital de su gran eléctrica y, años después, una compañía participada de forma relevante por otro Estado europeo terminó controlándola.
GAS Y REDES: PRIVATIZAR... Y DESPUÉS VOLVER POR EL «INTERÉS GENERAL»
Con el gas encontramos otra historia especialmente ilustrativa.
En 1994 comenzó la venta a Gas Natural del 91 % de Enagás que poseía el Instituto Nacional de Hidrocarburos. Posteriormente se completó la salida de aquella participación pública.
Pero años después ocurrió algo significativo.
En 2007 el Consejo de Ministros decidió que SEPI adquiriera hasta un 5 % de Enagás.
¿La razón?
La explicación oficial fue extraordinariamente clara: «dado el interés general» de las actividades que el legislador encomienda a la compañía gasista.
Resulta difícil encontrar una frase que resuma mejor la paradoja.
Primero se abandona la participación pública en una infraestructura esencial y, años después, el propio Estado considera conveniente regresar a su capital precisamente por el interés general de su actividad.
En el transporte eléctrico encontramos otro modelo.
En Red Eléctrica de España, hoy Redeia, el Estado conservó una participación del 20 % a través de SEPI, manteniendo así una presencia pública relevante en una compañía esencial para el funcionamiento del sistema eléctrico.
REPSOL: TAMBIÉN SALIÓ EL PETRÓLEO
Repsol comenzó su proceso de privatización en 1989.
Durante los años siguientes se realizaron sucesivas operaciones hasta que, en 1997, una última OPV culminó la privatización total de la compañía.
Aquella operación afectó aproximadamente al 10 % del capital y proporcionó más de 1.000 millones de euros.
España perdía así también el control accionarial directo sobre otra gran compañía perteneciente a un sector estratégico: petróleo, combustibles y energía.
TELEFÓNICA: VENDERLA Y 27 AÑOS DESPUÉS VOLVER
Telefónica proporciona probablemente la segunda gran paradoja de esta historia.
En febrero de 1997 se vendió el 20,9 % que todavía permanecía en manos públicas.
Aquella gran OPV puso fin a la participación estatal en Telefónica, recibió más de 1,2 millones de peticiones de particulares y proporcionó unos ingresos brutos de 3.786 millones de euros.
Pasaron 27 años.
Y en 2024 el Estado español decidió volver al capital de Telefónica.
SEPI adquirió 567 millones de acciones hasta alcanzar una participación del 10 %, siguiendo un acuerdo del Consejo de Ministros.
Y resulta especialmente interesante leer las razones oficiales ofrecidas para justificar aquella operación.
Telefónica fue definida como una compañía clave en el sector de las telecomunicaciones y en otros ámbitos estratégicos, con actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluidas las relacionadas con la seguridad y la defensa.
La participación pública, según SEPI, contribuiría además a proteger sus capacidades estratégicas.
La pregunta resulta inevitable:
Si Telefónica es estratégica en el siglo XXI, ¿no lo era en 1997?
DE UN VISTAZO: ALGUNAS DE LAS JOYAS DE LA CORONA
| Empresa | Proceso | Resultado | Presencia pública española actual |
|---|---|---|---|
| Endesa | 1988-2007 | Salida completa del Estado | 0 % |
| Repsol | 1989-1997 | Privatización total | Sin participación estatal directa |
| Telefónica | culminada en los años 90 | Salida del Estado | SEPI regresó y posee el 10 % |
| Enagás | década de 1990 | Salida de la participación pública inicial | SEPI regresó en 2007 con un 5 % |
| Red Eléctrica / Redeia | privatización parcial | El Estado no salió completamente | SEPI mantiene el 20 % |
45.000 MILLONES: ¿MUCHO O POCO?
El Estado obtuvo dinero. Y mucho.
Según SEPI, el conjunto de los procesos de privatización de compañías con participación pública estatal ha proporcionado aproximadamente 45.000 millones de euros.
Las 29 ofertas públicas de venta contabilizadas aportaron por sí solas alrededor de 32.000 millones.
Ese dato debe aparecer porque un artículo serio también tiene que contar los argumentos de quienes defendieron aquellas privatizaciones.
Sus partidarios argumentaron que permitían modernizar empresas, introducir competencia, reducir deuda y déficit, obtener recursos públicos, desarrollar los mercados de capitales y preparar España para el mercado único europeo.
Y algunas antiguas empresas públicas se convirtieron posteriormente en grandes multinacionales competitivas.
Eso también forma parte de la historia.
Pero existe otra cuenta mucho más difícil de hacer.
¿Cuánto valdrían hoy aquellas participaciones?
¿Cuántos dividendos habría recibido el Estado durante treinta años?
¿Cuánto vale conservar capacidad de decisión en electricidad, telecomunicaciones, gas o hidrocarburos?
¿Y cuánto cuesta recuperar una participación cuando, décadas después, volvemos a considerar que una compañía tiene carácter estratégico?
La factura de una privatización no puede calcularse únicamente contando el dinero recibido el día de la venta.
Y ENTONCES APARECEN LAS PUERTAS GIRATORIAS
Aquí llegamos a una de las partes más incómodas de esta historia.
Después de abandonar la política, destacados dirigentes terminaron profesionalmente relacionados con grandes compañías pertenecientes a sectores afectados por decisiones adoptadas durante sus etapas de gobierno.
Dos ejemplos especialmente simbólicos:
Felipe González se incorporó años después al consejo de administración de Gas Natural.
José María Aznar fue posteriormente contratado como asesor externo de Endesa, con una remuneración que entonces se publicó próxima a los 200.000 euros anuales. Conviene precisar que Aznar no entró en el consejo de administración de la eléctrica: ejerció como asesor externo.
No afirmamos que esas contrataciones fueran ilegales ni que constituyeran el pago de ningún favor.
Pero resulta completamente legítimo hacerse una pregunta política y ética:
¿Es razonable que quienes tuvieron capacidad para tomar decisiones que afectaron profundamente a determinados sectores terminen posteriormente trabajando para grandes compañías de esos mismos sectores?
Es lo que popularmente hemos terminado llamando «puertas giratorias».
La cuestión no es solamente jurídica.
Es también una cuestión de confianza democrática.
Porque cuando un ciudadano contempla la secuencia —decisión política, privatización y posterior incorporación de antiguos responsables públicos a determinadas compañías— puede preguntarse dónde termina el servicio público y dónde comienza el interés privado.
PSOE Y PP: DOS ETAPAS DE UNA MISMA TRANSFORMACIÓN
Aquí tampoco vale contar solamente media historia.
La gran transformación del sector público empresarial español atravesó gobiernos de distinto signo.
Con Felipe González comenzaron o avanzaron privatizaciones tan relevantes como Endesa, Repsol, Telefónica y otras empresas públicas.
Con José María Aznar, a partir de 1996, el programa adquirió una dimensión mucho mayor y se planteó la privatización total de numerosas compañías. En 1997 y 1998 se produjeron algunas de las mayores operaciones de la historia española.
Por eso resulta demasiado sencillo convertir esta historia en un reproche exclusivo al PP o exclusivamente al PSOE.
Los dos grandes partidos participaron, aunque en etapas, intensidades y contextos diferentes, en la transformación del patrimonio empresarial público español.
Y los ciudadanos vivimos hoy con el resultado.
¿PAGAMOS MÁS POR CULPA DE LAS PRIVATIZACIONES?
Aquí conviene no hacer trampas.
Electricidad, gas, combustibles y telecomunicaciones han sufrido transformaciones enormes durante estas décadas: liberalización europea, impuestos, costes de generación, conflictos geopolíticos, materias primas internacionales, desarrollo de las energías renovables, regulación, competencia, inflación y profundos cambios tecnológicos.
Por tanto, afirmar simplemente que «pagamos el doble porque se privatizaron» sería establecer una relación directa que los datos no permiten demostrar de esa manera.
Pero sí podemos plantear una cuestión diferente:
¿Tiene hoy el Estado la misma capacidad para intervenir en la estrategia de servicios esenciales cuando ya no controla las compañías que los suministran?
No.
Puede regular, legislar, establecer obligaciones, gravar beneficios, conceder ayudas o mantener participaciones minoritarias.
Pero regular una empresa no es lo mismo que ser su propietario.
Y quizá esa sea la cuestión de fondo.
LAS JOYAS DE LA CORONA
Durante años se utilizó precisamente esa expresión: «las joyas de la corona».
Telefónica.
Endesa.
Repsol.
El sistema gasista.
Argentaria.
Tabacalera.
Iberia.
Red Eléctrica.
Grandes compañías construidas, desarrolladas o controladas durante décadas con participación del Estado fueron progresivamente vendidas total o parcialmente.
Podemos llamarlo privatización.
Podemos considerarlo modernización.
Y, desde una posición política crítica, podemos considerarlo una gigantesca pérdida de patrimonio público y de capacidad estratégica.
Lo que no podemos hacer es fingir que nunca ocurrió.
Y resulta especialmente significativo que, décadas después, el propio Estado haya regresado a Telefónica con un 10 % porque la considera estratégica y haya vuelto a Enagás con un 5 % por el interés general de sus actividades, mientras conserva un 20 % de Redeia.
Quizá aquellos que defendieron la salida del Estado deberían explicar también esta paradoja.
UNA REFLEXIÓN FINAL
Una familia puede vender una casa y obtener una importante cantidad de dinero.
Ese año tendrá más dinero en el banco.
Pero habrá perdido la casa.
Y si treinta años después necesita recuperarla, tendrá que volver a comprarla al precio que marque el mercado.
Un país debería preguntarse algo parecido antes de desprenderse de aquello que pertenece a generaciones enteras.
Las privatizaciones proporcionaron miles de millones al Estado y transformaron profundamente la economía española. Sería absurdo negar esa realidad.
Pero también transfirieron al sector privado patrimonio y capacidad de decisión sobre actividades esenciales.
Y treinta años después seguimos necesitando electricidad.
Seguimos necesitando gas.
Seguimos necesitando combustible.
Seguimos necesitando telecomunicaciones.
Las empresas se vendieron una sola vez. Sus servicios los seguimos pagando todos los meses.
Y quizá la pregunta que todavía nos debemos como sociedad sea muy sencilla:
¿Vendimos empresas o vendimos capacidad para decidir sobre nuestro propio futuro?